Triple A anula nueve conexiones ilegales que le quitaban agua a Polonuevo y Baranoa

Triple A anuló nueve conexiones ilegales en la conducción Achotera, en el tramo entre Sabanagrande y Polonuevo, durante un operativo realizado el 8 de octubre con la Gobernación del Atlántico.

Según la empresa, la intervención permitió recuperar de inmediato 15 litros por segundo, caudal que ya se reflejaría en la recuperación de los tanques de la estación de bombeo Achotera y en la continuidad del suministro.

Qué se encontró

La empresa indicó que un trabajo de investigación previo permitió ubicar cada punto antes de intervenir. Las conexiones abastecían urbanizaciones campestres, fincas y parcelas del sector. En los operativos participan también la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía.

Cuatro de las acometidas estaban conectadas directamente a la conducción de 16 pulgadas. En los proyectos Campestre Villa Cecy 1 y 2 y Villa Nora – San Rafael se hallaron derivaciones de polietileno de 2 pulgadas. En la rotonda de la variante Sabanagrande – Palmar de Varela, una acometida de 1 pulgada surtía la finca El Encanto y cerca de 20 parcelas y predios.

Las otras cinco conexiones se localizaron en las redes de distribución de los sectores Tierra Prometida 3, Casa Campestre, Cacaramoa, Campo Verde y La Molinera.

Cuánta agua se perdía

El gerente general de Triple A, Ramón Hemer Redondo, explicó que las nueve conexiones desviaban cerca de 38.800 metros cúbicos de agua al mes. Según dijo, con ese volumen se podría abastecer a unos 9.200 habitantes, el 55 % de un municipio como Polonuevo.

La empresa recordó que en marzo estableció que en este corredor se perdían cerca de 72 litros por segundo, hasta el 40 % del agua que debía llegar a la estación Achotera. “De esa conducción dependen Polonuevo y Baranoa”, afirmó Hemer Redondo.

Triple A ya había advertido que las conexiones irregulares restan presión a la tubería matriz y afectan la continuidad del servicio en Baranoa y Polonuevo.

Qué dice la empresa sobre las sanciones

Los casos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes. Además de la acción penal, la Ley 142 de 1994 faculta a la empresa para cobrar los consumos no facturados cuando se demuestra dolo del usuario.

El gerente advirtió que tomar agua de manera ilegal es un delito que puede costar hasta 72 meses de prisión, además de responder por el agua consumida sin autorización.

La Gobernación continuará los recorridos

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, indicó que la Gobernación continuará recorriendo los municipios para identificar nuevas conexiones ilegales, en coordinación con las autoridades y las empresas prestadoras. “Vamos a continuar llegando a los territorios, identificando estas irregularidades y actuando con las autoridades”, señaló.