Múltiples basureros en municipios del Atlántico por fallas de Interaseo

Varios municipios del departamento del Atlántico se han convertido en focos de contaminación en los últimos días, a raíz de la deficiente operatividad del servicio de Interaseo, la empresa encargada de la recolección y transporte de residuos no aprovechables en 19 entes territoriales.

Esta situación, que compromete seriamente la salud pública, está generando una creciente indignación entre los habitantes.

Gustavo Rosa, líder del sur del Atlántico, denunció que Interaseo no está cumpliendo con sus labores en al menos diez municipios: Campo de la Cruz, Santa Lucía, Manatí, Candelaria, Juan de Acosta, Piojó, Tubará, Santo Tomás, Palmar de Varela y Suan.

Rosa explicó que, aunque los operarios recogen la basura, la acumulación se da porque los camiones no llegan a retirarla, dejando los residuos a la intemperie.

Esto provoca que perros rompan las bolsas y la basura se esparza, creando un grave problema sanitario.

Edward Ecker, alcalde de Santa Lucía, confirmó los problemas sanitarios en su municipio, atribuyéndolos a fallas en los vehículos compactadores.

«Sí, tuvimos problemas porque el vehículo compactador presenta fallas y nos dejó sin el servicio de recolección», aseguró.

En la misma línea, Jhon Noreña, profesional universitario del área de Nuevo Ambiente de la Alcaldía de Malambo, indicó que también han recibido múltiples quejas.

Tras consultar con Interaseo, el gerente Guillermo Bonilla les explicó que «se había presentado un problema en el relleno sanitario en la semana anterior, lo cual impidió que se pudiera realizar la disposición final de todos los compactadores que estaban en funcionamiento».

Por su parte, el municipio de Soledad solicitó a la entidad un plan de contingencia para erradicar los puntos críticos de acumulación de basuras, especialmente en barrios como Las Moras.

Natking Cole, alcalde de Tubará, confirmó demoras en la recolección y solicitó una reunión con la Superintendencia de Servicios Públicos.

Finalmente, Carlos Higgings, alcalde de Juan de Acosta, calificó el servicio como «deficiente» y lamentó el empeoramiento de la situación sanitaria.

Gobernador verano pide sanciones a superservicios

Ante la grave situación, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, lideró una mesa de trabajo con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y representantes de Interaseo para analizar el impacto en la salubridad pública de Malambo, Juan de Acosta, Tubará, Piojó y Usiacurí.

Durante el encuentro, se acordó un plan de choque por cinco días para resolver los retrasos y normalizar el servicio al 100%.

Verano fue enfático al solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) que imponga sanciones al operador y que permita a los usuarios elegir un prestador que garantice el servicio.

Instó a los ciudadanos a ejercer su derecho a desvincularse de empresas que no cumplen los estándares.

«La salud pública de nuestros ciudadanos es una prioridad innegociable, no podemos permitir que el incumplimiento de un operador ponga en riesgo la dignidad y el bienestar de las familias, urgimos a la Superintendencia a actuar con celeridad, aplicar sanciones ejemplares y permitir que los usuarios accedan a un servicio eficiente», puntualizó el mandatario departamental.

Antecedentes de Interaseo con la superservicios

La solicitud de los alcaldes a la Superservicios no es un hecho aislado.

La entidad ya había emprendido un proceso de inspección a Interaseo en el Atlántico en abril de 2024, tras denuncias del Comité de Desarrollo y Control Social de Santo Tomás por «presuntas fallas en la prestación del servicio de aseo, principalmente en las actividades de limpieza urbana».

Entre los hallazgos de esa visita, se evidenció que la empresa no contaba con personal certificado en competencias laborales y que presentaba deficiencias en el reporte, calidad y actualización de la información de PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos), lo que dificultaba la transparencia para los usuarios.

Además, se detectó que Interaseo realizaba actividades adicionales a las establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), lo cual constituye un incumplimiento normativo y pudo haber generado un «aumento en las tarifas de servicios públicos que pagan los usuarios», reflejando una «falta de coordinación institucional en el territorio» en ese momento.