Buques cárcel en altamar: la estrategia para aislar a los capos de la extorsión que aterrorizan a Barranquilla y el Atlántico

Comerciantes, transportadores y habitantes del área metropolitana de Barranquilla y varios municipios del Atlántico enfrentan una ola de extorsión que ha generado alarma en la región.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional, en coordinación con el Ministerio de Defensa, el Inpec y la Armada de Colombia, alista la puesta en marcha de la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad, conocida como REMAS.

El traslado a buques cárcel

La medida contempla el traslado de cabecillas de estructuras delictivas de la región Caribe a buques cárcel ubicados en altamar. Con esto se busca cortar el flujo de llamadas, pasquines y órdenes extorsivas que, según las autoridades, se emiten desde centros penitenciarios del país.

La delincuencia organizada que opera en el Atlántico ha mantenido bajo zozobra a barrios, centros comerciales y rutas intermunicipales mediante el cobro de vacunas y amenazas coordinadas desde pabellones penitenciarios.

Con esta estrategia, se busca aislar a los responsables del chantaje económico de sus redes operativas en tierra. El modelo de aislamiento en altamar no se aplicaba en el país desde hace casi dos décadas.

Cómo funciona la estrategia REMAS

El objetivo de la estrategia es articular la custodia carcelaria con las capacidades de vigilancia naval de la Armada Nacional, con el fin de impedir el ingreso de teléfonos celulares, módems e información estratégica a los reclusos.

Al ubicarse en embarcaciones alejadas de la costa, se neutraliza la cobertura de redes móviles y la comunicación con enlaces externos, uno de los puntos débiles señalados en el sistema carcelario en tierra.

Cabecillas priorizados para el traslado

En el listado elaborado por las autoridades se encuentran cabecillas de estructuras delictivas que operan en la Costa Caribe y el departamento del Meta. Estas personas son señaladas como responsables de ordenar atentados sicariales, quema de buses y ataques a establecimientos comerciales, hechos que han afectado la economía del Atlántico durante el último año.

Una batalla jurídica en camino

Se anticipa una controversia legal por parte de las defensas de los procesados, relacionada con garantías judiciales y arraigo familiar.

El Gobierno Nacional manifestó su intención de defender la medida ante los tribunales, al considerarla una acción orientada a la seguridad nacional y a la protección de la ciudadanía frente a la extorsión en Barranquilla y el Atlántico.