Puerto Colombia: alcaldía busca reactivar valorización

La Alcaldía de Puerto Colombia ha sorprendido al presentar un recurso de reposición y, en subsidio, de apelación ante el Tribunal Administrativo del Atlántico.

El objetivo de esta acción legal es revertir la medida cautelar que actualmente suspende el cobro de valorización para los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.

Esta decisión ha generado una notable preocupación entre la comunidad y diversos gremios, quienes han mantenido una férrea oposición a esta contribución en los departamentos de Atlántico y Bolívar.

Según se pudo establecer, la solicitud fue radicada por el abogado Miguel de Jesús Medina Gómez, actuando bajo poder otorgado por Zakira Orellano Marimón, Jefa de la Oficina Jurídica municipal.

La administración argumenta que la revocación de la medida cautelar es necesaria, ya que esta atenta contra el interés general al frenar una intervención que, según el municipio, beneficiaría a toda la comunidad.

Se recalca que el cobro por valorización busca «garantizar obras que beneficien directamente a la comunidad».

Además, se expone que la medida cautelar se basa en argumentos «amalgamados en actos administrativos particulares» y carece de sustento suficiente para detener un proyecto que, según el municipio, cumple con los principios de legalidad, publicidad y participación ciudadana.

En el documento, se recalca que la medida cautelar se cimienta sobre «probanzas literarias» sin demostrar con certeza el perjuicio que recaería sobre los sujetos pasivos de la construcción, lo cual se considera una presunción que va en contra de la «moralidad administrativa».

La apelación también sugiere que al detener el proceso de valorización, se está ignorando el principio de moralidad administrativa y debilitando la capacidad del Estado para ejercer su poder de policía, lo que podría afectar la ejecución de obras de infraestructura local.

La solicitud de la Alcaldía de Puerto Colombia ha provocado diversas reacciones. El senador Carlos Meisel aseguró, a través de sus redes sociales, que esta medida se suma a la decisión del Gobierno de apelar la suspensión del cobro de valorización.

Cabe recordar que el congresista del Centro Democrático fue quien presentó la acción popular ante el Tribunal Administrativo del Atlántico para evitar dicho cobro.

Por su parte, César Lorduy calificó el proceder de la administración municipal como «inaceptable».

«Que Mintransporte, Invías o la ANI defiendan el absurdo, injusto e ilegal impuesto de valorización que le quieren imponer a gran parte de los habitantes de los dptos. del Atlántico y Bolívar, se entiende.

Pero que a ellos se le sume al municipio de Puerto Colombia es totalmente INACEPTABLE. ¡No hay derecho!», escribió Lorduy en su cuenta de X.

Finalmente, el ciudadano Alberto Mario Forero expresó su descontento, afirmando que «la Alcaldía de Puerto Colombia en vez de ayudar a los ciudadanos, se une al gobierno nacional para realizar un cobro, que no es legal y afectará a muchas familias».