Atlántico
Urbanizadores en el Atlántico estarían defraudando el servicio de acueducto
Las autoridades han lanzado una alerta tras descubrir que constructores y urbanizadores estarían ofreciendo servicios de acueducto y alcantarillado de manera ilegal en varias localidades del Atlántico. La estafa afecta a cientos de nuevos propietarios.
La Subsecretaría de Agua Potable del Atlántico ha emitido una alerta ante un fraude que estaría afectando a los habitantes de al menos cinco municipios del departamento: Tubará, Polonuevo, Juan de Acosta, Santo Tomás y Baranoa. Según las autoridades, urbanizadores y constructores estarían involucrados en la oferta ilegal de servicios de acueducto y alcantarillado, engañando a los compradores de propiedades horizontales al ofrecerles un sistema de agua potable que en realidad no existe.
El modus operandi de este entramado fraudulento involucra tanto a particulares como a empresas que, al momento de comercializar nuevos proyectos inmobiliarios, incluyen en sus anuncios la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, sin tener la infraestructura necesaria para garantizarlo. Esto ha generado preocupación entre los nuevos propietarios, quienes, tras adquirir sus viviendas, descubren que no tienen acceso a los servicios básicos.
Las autoridades han dejado claro que los responsables de este fraude podrían enfrentar sentencias de hasta 4 años de prisión y multas de hasta 100 salarios mínimos por el delito de defraudación de fluidos, un crimen que no solo afecta a los consumidores, sino que también pone en riesgo la planificación urbanística y el bienestar de las comunidades.
En respuesta a la situación, la Subsecretaría de Agua Potable y la empresa de acueducto Triple A han comenzado a tomar medidas para identificar a los responsables y detener esta práctica ilegal. Además, se están realizando inspecciones y controles en las áreas afectadas para garantizar que los servicios de agua y alcantarillado sean realmente ofrecidos con las condiciones adecuadas para los habitantes de la región.
La alerta ha hecho eco en los municipios afectados, y tanto las autoridades como los ciudadanos piden una pronta solución para evitar que más personas sean estafadas y garantizar el acceso real y seguro a los servicios básicos.
