Congreso aprueba ley contra el ruido: una nueva normativa para frenar la contaminación acústica

El Congreso de la República aprobó el 10 de diciembre, en su cuarto y último debate, la ley contra el ruido. Esta iniciativa busca establecer una política pública nacional que permita a las autoridades, tanto regionales como nacionales, regular la contaminación acústica, un problema que ha venido afectando a diversas comunidades colombianas. El proyecto, que cuenta con 25 artículos, fue liderado por el representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, y se propone mejorar las herramientas para que la Policía controle el volumen excesivo proveniente de lugares privados, especialmente durante reuniones o fiestas en los hogares.

A lo largo de la discusión del proyecto, se destacó la importancia de crear estrategias pedagógicas que ayuden a sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos negativos del ruido en la salud y la convivencia. «Tomamos toda la normativa ya existente alrededor del ruido y la reorganizamos porque estaba dispersa y bastante confusa», explicó Carvalho tras la aprobación de la ley. Además, destacó que la nueva normativa simplifica las responsabilidades de las autoridades y establece una clara ruta de atención al ciudadano.

El proyecto establece, entre otras medidas, que los municipios de más de 100,000 habitantes deberán adaptar un plan de gestión contra el ruido. Esta medida tendrá un plazo de 18 meses para su implementación, con el fin de que cada entidad territorial pueda realizar un diagnóstico sobre la situación del ruido en su área. De acuerdo con Carvalho, las percepciones del ruido pueden variar según las culturas, lo que hace necesario un enfoque local y personalizado. Para Medellín, por ejemplo, se creará un «escuadrón contra el ruido».

Además, se espera que el Ministerio de Medio Ambiente redacte una Política Pública Nacional de Calidad Acústica dentro de un año, que se implementará a nivel nacional. Las sanciones por el incumplimiento de la normativa estarán dirigidas a quienes sobrepasen los niveles de ruido permitidos. La ley otorgará a la Policía mayores facultades para aplicar multas, especialmente a aquellos que ocasionen molestias a la comunidad con un volumen excesivo proveniente de parlantes en espacios públicos o privados.

Una de las principales aclaraciones del congresista Carvalho fue que la ley no afectará a eventos o festivales, pues se distingue entre una fiesta colectiva, concertada por una comunidad, y los ruidos causados por una persona con un parlante en plena calle, alterando la tranquilidad del barrio. «El problema no es una fiesta colectiva, el problema es el ruido ocasionado por unos pocos», puntualizó Carvalho.

En términos de convivencia ciudadana, el representante Alejandro García, coautor del proyecto, presentó datos de la Policía Nacional que revelan que el 70% de los conflictos de convivencia están relacionados con el ruido. Según un informe de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, el 61% de los habitantes de Bogotá están insatisfechos con los niveles de ruido en la ciudad, problema que también se ve reflejado en otras urbes como Pereira, Medellín y Barranquilla. De acuerdo con García, este tipo de conflicto no es trivial, ya que la contaminación acústica tiene efectos perjudiciales en la salud pública, como el estrés, el insomnio y la ansiedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado estos riesgos para la salud, subrayando que la exposición constante al ruido puede afectar la productividad laboral y el bienestar general de las personas.