Gina Paola Rivera: un año de impunidad, clamor de justicia para feminicida suelto en Soledad

A pocos días de cumplirse un año del macabro hallazgo del cuerpo sin vida de Gina Paola Rivera, de 31 años, en una fosa en el barrio Ciudad Paraíso, en el municipio de Soledad, su familia vive la angustia de la impunidad.

El cadáver de Gina fue encontrado el 18 de agosto de 2024, más de un mes después de su desaparición el 16 de julio de 2024.

Los propios familiares, armándose de valor, ingresaron al predio y encontraron el cuerpo en una fosa poco profunda.

Desde el inicio, la familia de la occisa ha señalado como principal culpable a Deiser Toloza Epalza, expareja sentimental de Gina Paola.

Esta acusación surgió tras recibir una llamada anónima de un vecino del sector, quien afirmó haber visto al hombre enterrando el cuerpo de la mujer en el lote.

A medida que avanzaba la investigación, se conoció que Toloza Epalza estaría relacionado con otro supuesto feminicidio ocurrido también en Soledad.

Las informaciones obtenidas hicieron retroceder 15 años, hasta marzo de 2004, cuando una mujer identificada como Janeth Judith González Sánchez desapareció sin dejar rastro.

En ese entonces, Janeth Judith intentaba poner fin a su relación con Toloza Epalza, a quien conoció en el barrio San Vicente.

Las reiteradas agresiones de las que aparentemente era víctima Janeth Judith la motivaron a alejarse de él.

Sin embargo, Deiser la habría traído de vuelta a Soledad desde Cartagena.

Después de 15 años, nunca se supo más sobre su paradero, ni de este hombre, quien volvió a ser el foco de atención tras huir de la vivienda donde vecinos afirmaron verlo enterrar a Gina Paola Rivera.

A pesar de que la familia fue atendida inicialmente por la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades, a día de hoy, los familiares de Gina Paola no han recibido mayor información sobre el paradero del feminicida o si ha sido capturado.

Temen que los investigadores hayan abandonado el caso.

Irene Rivera Toloza, hermana de la víctima, expresó su frustración: “A nuestra familia, principalmente a mí, nos costó mucho hallar a mi hermana.

Ya casi se cumple un año de eso y las autoridades no nos han dado más información.

La última vez que fui me dijeron que él (Deiser Toloza) tenía una orden de captura pendiente, pero eso fue hace varios meses, no me he podido acercar porque ando ocupada en el trabajo y cuando mi madre va no le dan respuesta de nada”.

Lo que más entristece a Irene es que el feminicida no solo goza de libertad, sino que podría volver a engañar y dañar a otra mujer.

Mi hermana no fue la única persona que él mató, anteriormente había asesinado a otra persona, entonces para mí lo que la Policía está esperando es que vaya y asesine a otra mujer, porque ¿qué más se espera de eso?, es un monstruo que está suelto como si nada hubiera pasado”, afirmó con dolor.

Irene Toloza fue enfática al narrar el sufrimiento diario de su familia ante la ausencia de Gina Paola y la persistente pregunta sobre sus últimos momentos.

“Estamos muy tristes, la pérdida de mi hermana es una luz que nos apagaron de repente, mucho más sabiendo que ese hombre sigue suelto por las calles, nos roba la paz, la tranquilidad, somos víctimas y es como si a nadie le importara, son ajenos a nuestro dolor e incluso pasan los meses y nadie nos dice algo que nos reconforte”, finalizó.

El municipio de Soledad ha enfrentado picos de violencia y afectación de los derechos humanos, manifestados en un aumento de la violencia de género y la persistencia de feminicidios.

La impunidad y la falta de respuesta oportuna de las autoridades contribuyen a la revictimización de las familias, que además soportan la angustia de saber que el presunto feminicida sigue libre.

Un reciente informe de la Personería Municipal de Soledad evidenció momentos difíciles en la violencia contra la mujer en 2023 y 2024.

El contexto local, marcado por el machismo estructural, la desigualdad económica y la escasa implementación de políticas de protección, profundiza la vulnerabilidad de las mujeres.

La falta de acceso a mecanismos de asistencia y la débil respuesta institucional facilitan la perpetuación de estos crímenes.

La creación del Observatorio de Derechos Humanos en septiembre de 2024 buscó monitorear estas problemáticas.

Sin embargo, el caso de Gina Paola demuestra vacíos críticos en la prevención y garantía de justicia.

La percepción de abandono institucional, expresada por su hermana Irene, refleja el desamparo de muchas familias.

El personero de Soledad, Benjamín Latorre Araujo, se refirió a una “violencia institucional”, señalando la falta de priorización de casos tan sensibles como las muertes violentas de mujeres en contexto de feminicidio.

Recordó que el año anterior solicitó apoyo a la Fiscalía General de la Nación para investigar casos, pero esto «quedó en el papel».

“En el caso de Gina Paola Rivera hay una orden de captura, pero no ha habido la manera de capturarlo (Deiser Toloza) y él desapareció de ahí del barrio donde fijaba residencia, él prácticamente está desaparecido, está huyendo, pero eso yo creo que si la Fiscalía con la Policía organizan una mesa técnica y se procuran dar con el paradero de él, dan con el paradero de él”, opinó Latorre.

Agregó que la única manera de enfrentar la violencia de género «es combatir a los agresores con la misma ferocidad y con la misma contundencia como se combate en otro tipo de actividades o de conductas delictivas”.

La situación de Soledad no es ajena a la tendencia nacional o mundial.

Según datos de la ONU, cada diez minutos una mujer es asesinada en el mundo por un familiar o pareja, y Colombia no escapa a esta realidad.

En el municipio, los feminicidios representan no solo el desenlace fatal de una cadena de violencias, sino también la falla de un sistema que no logra proteger la vida y la dignidad de las mujeres.

El análisis del caso de Gina Paola Rivera debe servir como un llamado urgente a fortalecer las políticas públicas locales, mejorar la articulación interinstitucional y garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes de captura y medidas de protección.

Es necesario que los entes encargados prioricen la investigación y sanción de los responsables, evitando que la impunidad se convierta en un incentivo para la violencia.

Además, es fundamental promover una transformación cultural que erradique la normalización de la violencia de género y fomente el respeto a los derechos humanos, especialmente el derecho fundamental a la vida.